Los ayuntamientos canarios no están dispuestos a ser los paganinis del empeño de Unidas Podemos por intervenir el mercado del alquiler. Y aunque quisieran, no cuentan «ni con medios ni con capacidad» para una tarea que excede de sus responsabilidades. Así pues, y pese a que el Ejecutivo regional sí apuesta por que sean los consistorios los que tengan la potestad de limitar los precios cuando entre en vigor la normativa estatal, los alcaldes tienen claro que no desempeñarán el papel de poli malo. A su juicio, y con independencia de que compartan que el encarecimiento generalizado de los arrendamientos es un problema social de primer orden, deben ser los gobiernos los que asuman la fiscalización del mercado y los que llegado el caso fijen precios máximos en las localidades, distritos o barrios donde los alquileres se hayan desbocado.
Tras el anuncio de Ábalos, el consejero regional de Vivienda, Sebastián Franquis, valoró la iniciativa y reconoció que la voluntad del Ejecutivo es que la responsabilidad recaiga en los consistorios. No en vano son estos, argumentó, los que más y mejor conocen la realidad de sus respectivos municipios y las zonas donde los alquileres se han disparatado. «Nuestra idea es que sea una competencia de los propios ayuntamientos, que estos tengan capacidad para delimitar localidades, barrios, distritos concretos y limitar los alquileres, para ver si lo que se persigue efectivamente se consigue, que es que los precios no se disparen», ahondó Franquis.
