El desempleo producido por la crisis del coronavirus deja en una situación muy complicada a las familias que viven en pisos alquilados, pero también a otras tantas que además de perder el trabajo o echar el cierre a su negocio dejarán de cobrar la renta de alquiler con la que cuadran su economía doméstica.
Pensando más en las segundas y en el efecto contraproducente que podría tener en el mercado, el Gobierno no ha decretado una moratoria en el pago de los alquileres, como sí ha hecho con las hipotecas, aunque estudia en estos momentos otras medidas para paliar la situación.
Hasta el momento, las decisiones tomadas se han dirigido a los colectivos más vulnerables, con la partida de 300 millones de euros de gasto social para que comunidades y ayuntamientos puedan socorrer a los que no pueden afrontar los pagos básicos y la posibilidad de que los gobiernos locales puedan destinar también a gasto social su superávit.
Desde el ministerio que dirige José Luis Ábalos explican que no incluyeron la moratoria de alquiler en el real decreto de medidas urgentes aprobado el martes «por prevención» y por considerar que esa medida retraería «drásticamente» la oferta.
Los expertos creen que la evolución del mercado en estos momentos es impredecible, ya que la renegociación de las rentas entre arrendadores y arrendatarios puede hace caer los precios, pero a la vez la imposibilidad de comprar una vivienda puede hacer crecer la demanda y equilibrarlos.
