La falta de vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Canarias desde antes de la crisis del coronavirus. Hace diez años que no se construye vivienda pública y esta comunidad no ha contado con un plan actualizado por parte del Gobierno de Canarias desde el año 2012. La crisis de 2008 hizo mella en el sector de la construcción en las Islas y paralizó obras, que ahora se pretenden impulsar por el actual Ejecutivo. Para esta legislatura hay prevista la construcción de 2.200 inmuebles, un paso después de años de parálisis, pero que no cubrirá la demanda actual.
Paralelamente, las capitales se han caracterizado en los últimos años por ofertar alquileres a precios desorbitados. Si se consultan los portales de búsqueda de vivienda se puede constatar cómo un pequeño piso de apenas 35 metros cuadrados, con una habitación, cocina y salón, que a veces no tienen tabiques de separación entre ellos cuesta un mínimo de 400 euros al mes en la capital grancanaria. Según los últimos datos de los que dispone el portal de viviendas Idealista, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria el metro cuadrado en alquiler se sitúa en 10,2 euros; a 8,5 euros en Santa Cruz de Tenerife, 8,4 en Arrecife y 7 euros en Puerto del Rosario.
Movimientos sociales piden una renta básica que permita paliar los efectos de esta situación, más allá de las ayudas del real decreto estatal. El Gobierno canario ha decidido recientemente eximir del pago de sus rentas a los inquilinos de viviendas sociales; una medida de la que se beneficiarán 17.253 unidades familiares. Además, la empresa pública Visocan ha anunciado una serie de medidas para atajar esta crisis. Por un lado, a los inquilinos con ayuda al alquiler se les bonificará la totalidad de la renta y los gastos facturables mensuales correspondiente a la vivienda (mantenimiento, IBI, basura y seguro de incendios), durante los meses de abril, mayo y junio. Por otro, los que no cuentan con estas ayudas podrán acogerse a una bonificación del 50% de sus rentas justificando que están en situación de desempleo, afectados por ERTE o una reducción de jornada.
El Gobierno de Canarias anunciaba el pasado miércoles que sí que pondrá en marcha una prestación canaria de emergencia, que será «de implantación inmediata» y que hará de transición entre la PCI y la renta de ciudadanía recogida en el Estatuto.
