El acceso a la vivienda se complica cada vez más para los jóvenes y las familias con recursos escasos. Por ello, el Banco de España defiende que las administraciones públicas intervengan para paliar esta situación y apuesten, entre otras medidas, por incrementar el parque social dedicado al alquiler como instrumento para combatir la subida de los precios. Eso sí, el informe recuerda que los recursos públicos son limitados y deben dirigirse a atender a los colectivos más perjudicados. “El incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler es la fórmula más apropiada para atacar de manera persistente las causas que explican el incremento excesivo de los precios y es más efectiva cuando se concentra en aquellos segmentos del mercado con una mayor insuficiencia relativa de vivienda a precios asequibles”, remarca.
Más pisos del parque público para arrendar y una regulación que favorezca que los propietarios privados se decanten por el alquiler de vivienda habitual. Por ello, apunta que “este tipo de políticas suelen instrumentarse a través de una combinación de estímulos al sector privado para que este facilite un incremento progresivo y sostenido de la oferta y de provisión pública de vivienda de alquiler”. Asimismo, son necesarias decisiones que “recalibren” los aspectos de la regulación urbanística y del uso del suelo que dificultan la disponibilidad de viviendas en determinadas áreas.
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos ha aprovechado para insistir en que medidas como la limitación del precio de los alquileres en determinadas zonas –de la que han hecho bandera en el Gobierno los miembros de Podemos– tiene “efectos adversos potencialmente significativos, especialmente cuando los controles de precios se mantienen durante períodos prolongados”. Así, opinan que “los controles de precios no atajan la principal causa subyacente al problema, que es la insuficiencia de la oferta para satisfacer la demanda” y pueden acabar generando una reducción adicional de la oferta de vivienda en alquiler en las áreas reguladas, además de aumentar a medio plazo precio de arrendar un piso en el resto de las zonas. Además, el informe indica que desde el año pasado, España se halla entre las economías de la OCDE con una mayor duración mínima de los contratos –cinco años si el arrendador es un particular y siete años si se trata de personas jurídicas– y está en vigor un incremento máximo de las rentas del alquiler durante la duración de los contratos, ligado al IPC.
En cuanto a la crisis de la Covid-19, el Banco de España cree que un sector inmobiliario más equilibrado que en la anterior recesión mitigará el impacto al que se enfrenta el ladrillo. A renglón seguido, hace referencia a las medidas de cobertura social aprobadas en las últimas semanas por el Gobierno “para aliviar la presión financiera de los segmentos más vulnerables”, y concluye que pueden tener un efecto positivo a corto plazo. Pero reconoce “mayor incertidumbre” al juzgar la eficacia en un horizonte temporal más prolongado, y previene contra el peligro de que se generen distorsiones en el mercado del alquiler “que acaben mermando su seguridad jurídica”. En ese caso, destaca la posibilidad de desincentivar un incremento de la oferta, considerado clave por el organismo supervisor a lo largo de todo su análisis.
