Representantes del sector inmobiliario en las islas han advertido que, sin una seguridad jurídica clara, será imposible garantizar vivienda asequible en Canarias.

En el marco del I Congreso de Vivienda de Canarias, varias empresas y asociaciones del sector han señalado que los actuales obstáculos —como demoras en los trámites administrativos, cambios normativos durante la ejecución de proyectos, y falta de certidumbre legal— impiden que se puedan desarrollar iniciativas de vivienda asequible con viabilidad.

Voceros como la vicepresidenta de WIRES han señalado que sin un “marco normativo estable” y agilidad en los procesos, la colaboración público-privada —que el sector dice estar dispuesto a asumir— no dará resultados.

Por su parte, Rafael Tarajano, Presidente de ACEGI, además, ha denunciado que cambios legislativos recientes, como la reforma de la vivienda de 2023, han generado desconfianza, lo que ha desincentivado la inversión necesaria para construir vivienda protegida.

El mensaje conjunto: si no se garantiza estabilidad legal, procesos administrativos rápidos y un entorno fiable, la falta de oferta terminará por condenar el acceso a vivienda digna —con especial riesgo para familias vulnerables y jóvenes.

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