
Ya ha pasado un año desde que entró en vigor la ley hipotecaria, bautizada oficialmente como Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019. Una normativa que llegó al mercado con tres años de retraso, envuelta de polémica y con la promesa de aportar más seguridad y transparencia a la firma de nuevos préstamos, tanto para el consumidor como para la banca.
Su llegada supuso una revolución para el mercado e importantes caídas en las nuevas operaciones en los primeros meses de funcionamiento. En junio de 2019, por ejemplo, las formalizaciones de nuevas hipotecas sufrieron su mayor descenso interanual desde 2013, el peor año de la crisis para el sector inmobiliario, mientras que en agosto las firmas registraron su peor dato en más de tres años. Con el paso de los meses, el sector poco a poco se fue adaptando a la nueva realidad, aunque la llegada de la crisis del coronavirus ha frenado en seco la recuperación.
Según los datos de los notarios, en abril la firma de nuevos préstamos para la compra de viviendas se desplomó un 57,2% interanual, con apenas 10.597 hipotecas formalizadas. Se trata de la segunda mayor caída de la historia y del peor dato de nuevas operaciones en casi cinco años.





Diferentes voces del mundo jurídico vaticinan un aluvión de problemas por el enfrentamiento entre inquilinos y propietarios de locales y otros inmuebles ligados a la actividad económica una vez que termine el estado de alarma. Aseguran que la moratoria aprobada por el Gobierno es ineficiente, poco agresiva y que plantea muchas dudas de interpretación que acabarán en los juzgados. Por ello, ven en la negociación privada una solución más rápida que acudir a los tribunales ante su previsible colapso.

Estos últimos meses bajo el estado de alarma y confinamiento por la crisis del coronavirus han cambiado de una manera u otra la vida de todos los españoles, y también han supuesto novedades en el interés de los potenciales compradores por buscar su nueva vivienda. El miedo a una nueva cuarentena y la posibilidad del teletrabajo han hecho que muchos ciudadanos se replanteen dónde quieren vivir en un futuro.



