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Canarias es la tercera comunidad autónoma, tras la de Baleares y la Valenciana, con mayor número de ventas de viviendas a extranjeros, al representar el 25,3 % del total de las operaciones de compraventa registradas en 2019, según el anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria.

Conforme a estos datos, la compraventa de viviendas disminuyó en 2019 por primera vez en los últimos cinco años en España, hasta las 503.875, lo que supone una caída del 2,5 % respecto a 2018, aunque la cifra se mantiene por encima del medio millón por segundo año, un nivel que no se daba desde 2008.

El mayor incremento de hipotecas se produjo en Castilla La Mancha (17,3 %), seguido de Madrid (8,6 %) y Comunidad Valenciana (7,4 %), mientras que hubo caídas interanuales en La Rioja (6,7 %), Navarra (4,9 %), Baleares (3,8 %), Galicia (1,1 %) y Canarias (0,7 %).

De todas las hipotecas sobre viviendas, el 6,4 % fueron formalizadas por extranjeros (más de 23.000), una cifra similar a la de 2018, con especial incidencia en Cataluña (21,8 % del total), Comunidad Valenciana (20,5 %), Andalucía (16,8 %) y Madrid (13,1 %).

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El cierre del destino canario para frenar la expansión del coronavirus está provocando el trasvase de viviendas dedicadas al alquiler vacacional al mercado residencial, un fenómeno que se está constatando sobre todo en los núcleos urbanos, afectados también por el vaciamiento de visitantes.

Aunque el incremento sea mínimo, se convierte en significativo teniendo en cuenta la situación de aislamiento que afecta a Canarias, como al resto de España. Los portales inmobiliarios dudan de momento de que el número de nuevos anuncios sea una prueba del cambio de apartamentos turísticos al mercado tradicional.

La oferta con más demanda se mantendrá en letargo, a la espera de que se reabra el destino. «Quien tiene una propiedad en primera línea de playa, o en zonas con una oferta turística potente, ya sea paisajística, o cultural, no va a dejar el alquiler vacacional. Porque hay que recordar que el arrendamientos a largo plazo, según la norma actual, implica cinco años de duración si el propietario es un particular y siete si es una empresa».

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El Ejecutivo todavía está definiendo los detalles del plan, que tendrá que recibir el visto bueno de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Un paso importante, ya que fue ella quien la semana pasada advirtió de que el caso de los alquileres es diferente al de las hipotecas, ya que detrás no están los mismo acreedores. En los primero «hay pequeños propietarios que lo pueden estar pasando mal», y en el segundo caso «están los bancos», recordó Calviño. Ante estas dudas la decisión inicial del Gobierno tras decretar el estado de alarma fue dejar la gestión de los alquileres a los arrendadores y arrendatarios, y que fueran ellos quienes encontraran «fórmulas de colaboración». Y con esa única respuesta del Ejecutivo han tenido que lidiar hasta ahora las 74.323 personas que tienen casas arrendadas a familias que las usan como vivienda habitual en Canarias. Todavía hay mucha incertidumbre en el sector, el único dato objetivo es que el precio de la vivienda de alquiler subió un 9,2% en febrero según los datos de Fotocasa.

Las personas que no puedan hacer frente al alquiler por haber perdido el empleo, sufrir un ERTE o realizar labores de cuidado serán las que podrán recurrir a esa medida. También podrán hacerlo los autónomos y pymes que como consecuencia del estado de alarma hayan sufrido un importante caída de sus ingresos. Además, la propuesta inicial del Gobierno incluye una compensación económica para los arrendadores. Una ayuda progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga el arrendador en el mercado de alquiler. Vanesa Rubio, Presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), considera imprescindible que la medida «beneficie a ambas partes» y ve lógico que el Gobierno actúe con cautela y se tome su tiempo en estudiar las distintas opciones. «Yo plantearía otras posibilidades como la moratoria o la reducción en el porcentaje de la mensualidad», explica.

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El Gobierno está ultimando medidas para ayudar a los ciudadanos que tengan problemas para afrontar el pago del alquiler de sus viviendas a consecuencia de la situación que atraviesa el país por la crisis del coronavirus y el decreto del estado de alarma.

“Estamos estudiando cómo ayudar a las personas que se encuentran con dificultades para pagar el alquiler y debatiendo las alternativas”, indicó el ministro José Luis Ábalos en rueda de prensa.

Con el anuncio de la próxima aprobación de medidas para ayudar en el pago de las rentas a los inquilinos cuya situación económica se vea afectada por la actual crisis, el Ejecutivo atiende a una reivindicación que se venía formulando desde distintos sectores, sobre todo dado que en el paquete de medidas económicas aprobado el pasado martes incluyó aplazamientos del pago de hipotecas.

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El ministro tuvo que salir al paso de las críticas de la asociación ATA para explicar cómo pensaba hacer llegar a todos los autónomos la prestación por cese de actividad.

Escrivá, tal y como indicaron fuentes de su departamento a elEconomista, prepara una Instrucción de la Seguridad Social para que estos autónomos societarios puedan acceder a esta prestación sin tener que cerrar sus negocios. Para hacerlo, no obstante, será necesario que cumplan, al igual que los autónomos que van por estimación directa, con los dos requisitos planteados: que hayan sido obligados a cerrar o que sus ingresos se hayan reducido en el mes de marzo en un 75% sobre el promedio de los últimos seis meses.

Tras la aclaración del Gobierno, los autónomos societarios que vayan a poder continuar con su actividad podrán reclamar esta ayuda a partir del 1 de abril si necesitan aportar la información sobre los ingresos, es decir, si han podido seguir trabajando o de lo contrario lo podrán hacer desde ya si han sido cerrado por el decreto de estado de alarma del Gobierno. No obstante, en el terreno de los práctico, esta opción todavía no es posible, puesto que no existe el modelo.

Hasta ahora, cuando un autónomo cesaba su actividad tenía que presentar un modelo 036 cursando el cese de actividad. Las empresas que cesen definitivamente su actividad podrán utilizar este mecanismo, las que no tendrán que esperar a conocer el desarrollo necesario de esta norma que como explica el Gobierno ha sido preparada en apenas cuatro días.

El titular del ministerio aseguró ayer en Twitter que para el Ejecutivo está claro que todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma o con una caída de ingresos del 75%, tienen ya derecho a la prestación que se aprobó en el último Consejo de Ministros, independientemente de su condición. Y, de hecho, así lo reconocieron todas las asociaciones a excepción de ATA.

El Gobierno además todavía está estudiando como adaptar esta prestación para aquellos que no están obligados a emitir factura, es decir, aquellos autónomos que cotizan por módulos, lo que se espera que pueda aclararse también en la próxima instruccion de la Seguridad Social. La prestación estará en vigor hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma, es decir, de momento afecta a marzo, pero si se prolongara hasta abril este mes también habría una prestación para los autónomos.

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El desempleo producido por la crisis del coronavirus deja en una situación muy complicada a las familias que viven en pisos alquilados, pero también a otras tantas que además de perder el trabajo o echar el cierre a su negocio dejarán de cobrar la renta de alquiler con la que cuadran su economía doméstica. 

Pensando más en las segundas y en el efecto contraproducente que podría tener en el mercado, el Gobierno no ha decretado una moratoria en el pago de los alquileres, como sí ha hecho con las hipotecas, aunque estudia en estos momentos otras medidas para paliar la situación. 

Hasta el momento, las decisiones tomadas se han dirigido a los colectivos más vulnerables, con la partida de 300 millones de euros de gasto social para que comunidades y ayuntamientos puedan socorrer a los que no pueden afrontar los pagos básicos y la posibilidad de que los gobiernos locales puedan destinar también a gasto social su superávit. 

Desde el ministerio que dirige José Luis Ábalos explican que no incluyeron la moratoria de alquiler en el real decreto de medidas urgentes aprobado el martes «por prevención» y por considerar que esa medida retraería «drásticamente» la oferta. 

Los expertos creen que la evolución del mercado en estos momentos es impredecible, ya que la renegociación de las rentas entre arrendadores y arrendatarios puede hace caer los precios, pero a la vez la imposibilidad de comprar una vivienda puede hacer crecer la demanda y equilibrarlos. 

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