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El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda a las personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid-19, pero no así de los alquileres.

Una moratoria en el pago de los alquileres tendría un gran impacto sobre miles de familias, tanto aquellas que viven de alquiler como las de los propietarios de esas viviendas. En España, más del 90% de los alquileres está en manos de particulares, muchos de los cuales utilizan estas rentas como complemento de su pensión o de sus ingresos. Por su parte, el número de hogares que residen de alquiler se encuentra cerca del 20%, mientras que casi el 80% de los hogares restantes vive en una casa de su propiedad —o del banco, si están pagando una hipoteca—, según la última ‘Encuesta de condiciones de vida’, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ante la avalancha de despidos que se cierne sobre la economía española, ¿qué pasa con los contratos de alquiler vigentes?, ¿y con aquellos que se iban a firmar o están a punto de expirar? Por lo pronto, habrá que esperar a la letra pequeña de las medidas del Gobierno para ver qué familias se podrían acoger a ellas y en qué situaciones concretas.

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La Agencia Tributaria ha anunciado a través de un comunicado que, como consecuencia de la crisis del coronavirus y el estado de alarma declarado en España ahora mismo, va a ampliar los plazos para que los contribuyentes puedan hacer frente al pago de impuetos.

El Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo contempla una serie de medidas para la flexibilización de aplazamientos para pymes y autónomos.

Así, con carácter provisional, los contribuyentes que, en virtud del Real Decreto-ley, quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos incluidas en el mismo, deberán proceder de acuerdo con las siguientes instrucciones:

– Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en la que figuran las cantidades a ingresar que el contribuyente quiere aplazar, marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción de «reconocimiento de deuda».

– Acceder al trámite «Presentar solicitud», dentro del apartado de aplazamientos de la sede electrónica de la AEAT, en el siguiente link: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml

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«Se ha pisado el freno de golpe» en relación a las operaciones de compraventa. Expertos y operadores del sector anticipan un parón en el número de transacciones de viviendas. El coronavirus va a provocar retrasos en la toma de decisiones de compra entre aquellas personas que estaban plantéandose cambiarse de casa, entre quienes habían iniciado el proceso de búsqueda de viviendas y entre quienes habían ya visto pisos y estaban dudando si reservar el que más les había gustado, o no. Estos potenciales compradores pueden estar pensando en los efectos que puede tener el coronavirus en el mercado inmobiliario en forma de posibles bajadas de precios de las que poder beneficiarse más adelante.

Hay personas que iban a comprar una vivienda que han suspendido esa intención y que incluso compradores que habían señalizado un piso están retirándose. Se atribuyen esas decisiones no ya a que dentro de unos meses se puedan encontrar pisos más baratos, sino a que hay algunas empresas en una situación muy vulnerable, lo que lleva a sus trabajadores a replegarse en su intención de compra. Se coincide, por tanto, en que va a haber un «parón» y, máxime, en Madrid, que, según opiniones, se considera un foco a nivel mundial.

Los expertos consideran que el parón en el número de nuevas transacciones podría prolongarse durante tres o cuatro semanas y que en un plazo de dos meses podrían estar volviéndose a comprar viviendas. Se apunta que la recuperación en el inmobiliario puede ser algo más tardía que en otros sectores, pero simplemente porque la decisión de compra y el cierre de la transacción se prolonga durante más tiempo que la adquisición de otros bienes y servicios, mucho más inmediata y menos costosa. Y, respecto al impacto que pueda tener en los precios de la vivienda, se considera que únicamente será perceptible en el caso en que la suspensión de las operaciones se prolongue durante mucho tiempo.

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Los ayuntamientos canarios no están dispuestos a ser los paganinis del empeño de Unidas Podemos por intervenir el mercado del alquiler. Y aunque quisieran, no cuentan «ni con medios ni con capacidad» para una tarea que excede de sus responsabilidades. Así pues, y pese a que el Ejecutivo regional sí apuesta por que sean los consistorios los que tengan la potestad de limitar los precios cuando entre en vigor la normativa estatal, los alcaldes tienen claro que no desempeñarán el papel de poli malo. A su juicio, y con independencia de que compartan que el encarecimiento generalizado de los arrendamientos es un problema social de primer orden, deben ser los gobiernos los que asuman la fiscalización del mercado y los que llegado el caso fijen precios máximos en las localidades, distritos o barrios donde los alquileres se hayan desbocado.

Tras el anuncio de Ábalos, el consejero regional de Vivienda, Sebastián Franquis, valoró la iniciativa y reconoció que la voluntad del Ejecutivo es que la responsabilidad recaiga en los consistorios. No en vano son estos, argumentó, los que más y mejor conocen la realidad de sus respectivos municipios y las zonas donde los alquileres se han disparatado. «Nuestra idea es que sea una competencia de los propios ayuntamientos, que estos tengan capacidad para delimitar localidades, barrios, distritos concretos y limitar los alquileres, para ver si lo que se persigue efectivamente se consigue, que es que los precios no se disparen», ahondó Franquis.

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La medida del Gobierno, que aplaude el Ejecutivo regional, fomentará el mercado negro y reducirá la ya de por sí escasa oferta residencial en el Archipiélago

«Una mala identificación del problema dificulta su solución; hay que construir viviendas y hay que ayudar a los colectivos en dificultades, pero limitar y distorsionar el mercado no solo no es una buena medida, sino que es un grave error». La advertencia del secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, es en esencia la misma que hace su homólogo de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares: «Va a reducir la oferta, porque muchas de esas personas a las que se les imponga un tope retirarán sus casas y pisos del mercado, con lo que subirán los precios».

Vanesa Rubio, presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), ahonda en todo lo anterior y pone énfasis en algo que suele pasarse por alto, y es que la mayoría de quienes alquilan pisos o casas en la Comunidad Autónoma son pequeños propietarios.

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