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La calle tinerfeña de San Marín, del municipio de Adeje, es la más cara de Canarias para adquirir una vivienda, con un precio medio de 2,2 millones de euros, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista.

A nivel nacional, la más cara es la calle Mozart, en Marbella, con lujosas viviendas con un premio medio de 8,4 millones de euros. A continuación se sitúa la urbanización Coto Zagaleta, también situada en Málaga, en localidad de Benahavís, con un precio medio de 6,7 millones y el Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama, en La Moraleja de Madrid, que ocupa el tercer lugar con 6,3 millones.

Entre las calles más caras de España se sitúa la Calle 7, en Marbella, cuyos propietarios piden por sus viviendas casi 6 millones de media, seguida de dos calles de la isla de Mallorca: la calle Tapies, en Andratx, con una media de 5,8 millones y la calle Cosconar, en Palma, con 5,5 millones.

También por encima de los 5 millones se encuentra el Paseo de los Lagos en el municipio madrileño de Pozuelo, con un precio medio de 5,3 millones. Completan la clasificación la calle del Camino del Sur en La Moraleja (4,8 millones), la Avenida Portals Vells, en el municipio mallorquín de Calvià (4,8 millones) y la calle Rossini en Marbella, cuyas viviendas tienen un precio medio de 4,6 millones.

Además de las comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, 7 autonomías más tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Cataluña (3 millones), Comunidad Valenciana (2,6 millones), Canarias (2,2 millones), País Vasco (1,8 millones), Castilla-La Mancha (1,6 millones), Cantabria (1,6 millones) y Navarra (1,2 millones).

La región más económica es Extremadura, donde su calle más cara tiene un precio medio de 383.100 euros, seguida por La Rioja (515.416 euros) y Castilla y León (571.750 euros).

Durante estos meses de confinamiento hemos podido observar cómo los hábitos y preferencias de los consumidores han ido cambiando de manera drástica en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria.

Todas estas variaciones han derivado en un cambio en la manera de vivir en nuestro hogar. Si bien antes valorábamos muy positivamente espacios bien sectorizados y diferenciados, ahora se apuesta por ambientes versátiles y polivalentes ya que muchas de nuestras actividades familiares se realizan en un mismo lugar.

En este último tiempo hemos visto un cambio de tendencia en la búsqueda de nuestra próxima vivienda. Según diversas encuestas y referencias de portales como idealista lo más demandado desde hace semanas han sido los espacios en contacto con el exterior, ya sean terrazas, jardines, azoteas, patios…en definitiva, viviendas con una mayor relación entre el interior y el exterior. Aunque ahora nos parezca un requisito totalmente indispensable en la elección de una nueva vivienda, contrasta con las prácticas que venimos realizando en los últimos años con el cierre de terrazas para ganar metros hacia dentro.

La iluminación de nuestra vivienda se ha visto necesariamente modificada con el confinamiento. Inevitablemente hemos tenido que adaptar nuestro entorno; donde antes sólo comíamos ahora estudiamos o trabajamos, donde antes veíamos la televisión o leíamos un libro ahora también hacemos deporte, en definitiva, estas nuevas costumbres han generado la necesidad de disponer de diferentes tipos de iluminación para la actividad que realicemos en cada momento.

Estos requerimientos se antojan de cara al futuro, cada vez más relevantes por parte de los consumidores, primero por la cantidad de tiempo que pasamos en nuestros hogares y segundo por las peculiaridades de estos que pueden afectar a la salud. En ese sentido, el control por parte del usuario de los sistemas y funcionalidades de la vivienda, tomando el control de la iluminación, calefacción, climatización o calidad del aire, son cada vez más una realidad gracias al IoT (Internet de la Cosas), un sistema centralizado de domótica en la que se recopilan órdenes y procesos para mejorar el confort en nuestra propia casa.

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En las dos provincias canarias, la situación cambia según la isla analizada. Mientras en la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria predominan las casas grandes, como una mayor demanda por alquilar un chalet en Las Palmas de Gran Canaria o casas de campo en los dos grandes municipios turísticos de la isla como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Fuerteventura el interés prevaleció en pisos de dos a cuatro dormitorios en Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva.

Lanzarote completa la terna de islas occidentales con un mayor interés por los pisos de uno a tres dormitorios en Arrecife, Teguise o Yaiza. Solo en Haría se contactó más para alquilar chalets.

Mientras, en Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña del mismo nombre que la provincia mantiene la tendencia de la finca rústica como tipo de vivienda más demandado para alquilar este verano. Otras zonas turísticas en las localidades de Arona (cuatro dormitorios) o Adeje (estudio) varían el tipo de casa más contactado. Mientras, al norte en Puerto de la Cruz, predominan los chalets, o los tres dormitorios de La Orotava.

En las islas más pequeñas y menos turísticas, destacan la tipología de vivienda más demanda en sus capitales, como los pisos de dos dormitorios en Santa Cruz de La Palma o los chalets en Tazacorte; los pisos de dos dormitorios exterior en San Sebastián de la Gomera o el piso de un dormitorio en Valverde, el municipio de la capital de la isla de El Hierro.

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La bofetada de los indicadores económicos se veía venir y, en este caso, ha sido de proporciones históricas. Ayer, se dio a conocer que el PIB de España se desplomó un 18,5% entre los meses de abril y junio de este año, constituyendo su mayor caída desde que se comenzaron a registrar dichas estadísticas en 1970. Se trata de un dato que refleja la delicada situación en la que está sumido el país debido a la parálisis que ha provocado la crisis sanitaria, y que también tiene eco en las Islas, heridas casi de muerte económicamente tras la cuarentena decretada por Reino Unido, que, de acuerdo con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, podría solucionarse a lo largo de la próxima semana, al estar teniendo lugar conversaciones al más alto nivel entre las administraciones de ambas naciones.

Según fuentes del Gobierno canario consultadas por DIARIO DE AVISOS, las previsiones apuntan a que el Archipiélago ha visto contraer su Producto Interior Bruto -en el mismo periodo- hasta cinco puntos más que el Estado. Y, si bien reconocen que el escenario es, aparentemente, del todo desfavorable, “en cuestión de seis meses” podría comenzar la recuperación, en la medida en que no estamos ante una recesión al uso, motivada por uno de los ciclos habituales de la economía, sino ante circunstancias excepcionales de carácter sanitario, por lo que, una vez desarrollada una vacuna eficaz contra el virus, se prevé un “crecimiento sostenible”.

De otra parte, respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo canario adopte la decisión de aumentar los impuestos o efectuar recortes en los presupuestos para hacer frente a los efectos de la pandemia, las mismas fuentes señalan que, al menos por el momento, “está descartado” de cara a este ejercicio y el que viene. Más bien, matizan, se manejará una cantidad “similar” para las cuentas. Ello, a pesar de la incertidumbre sobre la merma de los ingresos fiscales -que se calcula actualmente alrededor de los 928 millones de euros-, o la cifra de la financiación autonómica. Además, insisten en que la reanudación de la actividad turística supondrá un impulso, pudiendo “remontar” casi por completo en un plazo aproximado “de dos a tres años”. La CEOE tinerfeña también fijó ayer en tres años la recuperación.

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo asegura en una sentencia reciente que el fallo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 16 de julio sobre la abusividad de los gastos hipotecarios refrenda su postura, al entender que implican un perjuicio al consumidor y, por tanto, la cláusula debe ser anulada.

Una teoría que defiende el sector financiero, que habla de un impacto muy limitado del fallo del Tribunal de Luxemburgo, pero que contrasta con la de despachos de abogados y asociaciones de consumidores, que creen que la sentencia europea cuestiona el reparto de los gastos establecido por el Alto Tribunal en España a principios de 2019.

En este sentido, el Supremo insiste en que «la Sala Primera ratifica su doctrina sobre la nulidad, por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios, en cuanto implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. Respecto de las consecuencias de la nulidad, la doctrina jurisprudencial establecida por la Sala a partir de las sentencias del Pleno de 23 de enero de 2019 ha sido confirmada por la reciente sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020″. Y añade que «en consecuencia, una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados, que, en este caso, se referían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los gastos notariales y a los gastos registrales».

«La Sala resuelve el recurso aplicando las normas de derecho nacional vigentes a la fecha de constitución del préstamo, según las cuales el principal sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestatario. Por su parte, los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura corresponden por mitad al prestamista y al prestatario, ya que ambos tienen la condición de “interesados” que sustenta, en el Reglamento Notarial, el pago de dichos gastos: el consumidor por la obtención del préstamo y el banco por la garantía hipotecaria. Por último, los gastos del registro de la propiedad corresponden al banco, por ser la entidad a cuyo favor se inscribe la garantía hipotecaria, de acuerdo con lo establecido en el arancel de los registradores de la propiedad», aclara el Supremo, que insiste en que «el TJUE ha refrendado plenamente lo acordado en su día por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto de estos gastos».

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