El Ejecutivo todavía está definiendo los detalles del plan, que tendrá que recibir el visto bueno de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Un paso importante, ya que fue ella quien la semana pasada advirtió de que el caso de los alquileres es diferente al de las hipotecas, ya que detrás no están los mismo acreedores. En los primero «hay pequeños propietarios que lo pueden estar pasando mal», y en el segundo caso «están los bancos», recordó Calviño. Ante estas dudas la decisión inicial del Gobierno tras decretar el estado de alarma fue dejar la gestión de los alquileres a los arrendadores y arrendatarios, y que fueran ellos quienes encontraran «fórmulas de colaboración». Y con esa única respuesta del Ejecutivo han tenido que lidiar hasta ahora las 74.323 personas que tienen casas arrendadas a familias que las usan como vivienda habitual en Canarias. Todavía hay mucha incertidumbre en el sector, el único dato objetivo es que el precio de la vivienda de alquiler subió un 9,2% en febrero según los datos de Fotocasa.
Las personas que no puedan hacer frente al alquiler por haber perdido el empleo, sufrir un ERTE o realizar labores de cuidado serán las que podrán recurrir a esa medida. También podrán hacerlo los autónomos y pymes que como consecuencia del estado de alarma hayan sufrido un importante caída de sus ingresos. Además, la propuesta inicial del Gobierno incluye una compensación económica para los arrendadores. Una ayuda progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga el arrendador en el mercado de alquiler. Vanesa Rubio, Presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), considera imprescindible que la medida «beneficie a ambas partes» y ve lógico que el Gobierno actúe con cautela y se tome su tiempo en estudiar las distintas opciones. «Yo plantearía otras posibilidades como la moratoria o la reducción en el porcentaje de la mensualidad», explica.
